La Defensoría del Pueblo de Colombia manifestó este lunes su "altísima preocupación" por los hechos de violencia en contra de líderes indígenas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, ubicados en el suroeste del país.

"Los homicidios, amenazas y atentados contra la guardia indígena en el norte del Cauca obligan a todas las autoridades estatales a volcar su mirada y presencia en esta subregión suroccidental del país", dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en un comunicado.

Negret realizó el pasado sábado una visita a la aldea El Tierrero, en la parte alta del municipio de Caloto (Cauca), para constatar el "alto nivel de zozobra" al cual se encuentran expuestas las comunidades indígenas por cuenta de las acciones desplegadas por actores armados dedicados al narcotráfico.

La situación está descrita en ocho alertas tempranas que emitió la Defensoría, como se conoce al mecanismo mediante el cual la entidad acopia, verifica y analiza de manera técnica la información relacionada con hechos de vulnerabilidad y riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado.

También, Negret explicó que el viernes anterior se le comunicó a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) el riesgo que existe para miembros de la Guardia Indígena en municipios como Caloto, Suárez, Corinto y Miranda, todos en el departamento del Cauca.

Asimismo, indicó que se monitorean con atención "los hechos relacionados con las actividades de erradicación (de cultivos ilícitos) que se adelantarán en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca) y que según versiones preliminares podrían traer como consecuencia enfrentamientos entre población campesina y la fuerza pública".

Indígenas del Cauca se declararon este domingo en "asamblea permanente" y "emergencia territorial", al tiempo que pidieron la presencia del Gobierno central para dialogar sobre la violencia.

El Cauca es uno de los departamentos más conflictivos de Colombia por la presencia constante de grupos guerrilleros y bandas criminales de origen paramilitar dedicadas al narcotráfico que buscan controlar las rutas para sacar cocaína por el Pacífico.

Precisamente, dos indígenas murieron y cuatro más resultaron heridos este sábado en un ataque armado contra miembros de la Guardia Indígena que se movilizaban en autobús por una carretera del Cauca.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en Colombia al menos 462 líderes sociales fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado.

Mientras que un estudio de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC los asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con esa antigua guerrilla.

El pasado 19 de julio, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que algunos de sus líderes han recibido amenazas por parte del Cartel de Sinaloa, que según aseguró el organismo tiene alianzas con las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

EFE